Como decíamos en la parte 1 del post sobre el libro Campo, urbe y espacio del ocio, de Mario Gaviria, reservamos esta entrada para el Capítulo 8 en el que se pueden observar cómo los mecanismos de planeamiento del territorio existentes interrumpen la posibilidad de plantear alternativas innovadoras en urbanismo.
(pág. 171 y ss.) Los propietarios (de suelo) buscan libertad ilimitada con el fin de sacarle la máxima plusvalía al suelo (esto suelo obtenerse con el máximo volumen edificable). (…) Para que todos los propietarios de suelo, que forman la clase dominante a nivel local, obtengan el máximo volumen o, en otros términos, hagan lo que más les convenga, la mejor situación es aquella en la que no hay Plan de Ordenación que zonifique el volumen y los usos, ni ordenanzas que obliguen. (…)
Existen muchos ejemplos de municipios en los que los planes no están aprobados. El proceso es el siguiente:
En las ciudades exite un plan antiguo y unas ordeananzas que no están adaptadas a las necesidades del momento. Se aplica, pues, el plan antiguo casuísticamente en espera de un nuevo plan. Cuando la corporación municipal está en gran parte compuesta por representantes de grupos promotores, el encargo de redacción del PGOU se postpone o se silencia su necesidad (…)
Entonces puede que surjan, desde distintos ámbitos, presiones para resolver el problema del planeamiento y concretar lo que se puede y lo que no se puede hacer. Entonces la corporación municipal, normalmente, contrata a un equipo (arquitecto, ingeniero, etc.) externo tanto a la ciudad como a la institución:
El equipo puede ser honesto y eficaz y terminar rápidamente el trabajo para la aprobación provisional, o puede ser ineficaz y alargar el período de elaboración (varios años es corriente. Unos ocho años entre Plan General, Planes Parciales y Proyectos de urbanización). En este período teóricamente sigue en vigor el plan anterior y se siguen dando licencias de construcción y parcelación (suele ser corriente que el que redacta el Plan esté al corriente de las licencias que se siguen concediendo). Esta etapa de corrupción adopta varias formas.
A) Se presiona para que el nuevo Plan cambie las zonificaciones del antiguo (por ejemplo, donde había permiso para chalets, obtener zonificación para altos bloques y torres)
B) Se presiona para que las zonas verdes marcadas en el Plan anterior, pero no expropiadas por el Ayuntamiento, se conviertan en edificables.
A medida que se va dibujando el nuevo Plan continúan las presiones y peligros de escapes de información. (…) Aquellos propietarios que se enteran de que les va a caer una zona verde procuran impedirlo. De no ser posible construyen, por ejemplo, grandes naves industriales, aunque no tengan que poner dentro. Política de hechos consumados. Esta es una de las fórmulas. Existen otras. Por ejemplo, acudir al equipo de técnicos a encargarle un proyecto de viviendas precisamente situadas en la futura zona amenazada de verde. Otras veces se trata de reducir el ancho de una calle o de eliminar una vía que se come el solar.
La relación de un Plan General o Parcial se alarga sin otra causa real que la de ampliar posibilidades de captar encargos de proyectos de arquitectura.
Puede haber quien piense que los propietarios de solares tienen urgencia de Plan aprobado para construir. Esto es real sólo en parte; es una excepción, ya que la lógica propia de la plusvalía urbana viene resumida en este axioma. Un propietario de solar saca la máxima rentabilidad aguantando sin vender ni construir, esperando.
Naturalmente hay excepciones: constructores que al no tener solares no pueden construir y piden al Ayuntamiento que apruebe planes y prepare suelo edificable. No obstante, no conviene olvidar que la casi totalidad de los constructores detentan a su vez la propiedad de mucho suelo, pues se dan cuenta de que es más rentable la tierra que el ladrillo.
La aprobación provisional y la información pública genera presiones de los miembros de la corporación y de algunos propietarios influyentes que, distraídos, no actuaron antes y desean cambiar de zonificación y aumento de volumen.
Con la aprobación definitiva del Plan General acaba una etapa. La corporación dispone un documento que es papel mojado inaplicable hasta que no ha sido desarrollado en planes parciales. Nueva etapa de carencia en que la corrupción es fácil. Se siguen aplicando los criterios antiguos, pasan años y los planes parciales se desarrollan muy lentamente, inacabables juntas de compensación o cooperación, etc. (…)
Y aquí lo dejamos. Porque el proceso es infinito y en cada cambio de escala de los planes, de Plan General a Plan Parcial, de Plan Parcial a Estudio de Detalle, hay una nueva oportunidad de corrupción o, lo que es lo mismo, una oportunidad menos de plantear alternativas en los desarrollos urbanísticos. Pues, en el origen de la redacción de cada documento regulador se encuentra ya la contradicción entre las distintas condiciones de edificabilidad, las cuales condicionan el diseño. Podrá parecer que no nos gustan las contradicciones y nada más lejos de la realidad, pues creemos que tratar de resolver una una contradicción puede fomentar la creatividad, proporcionando resultados innovadores. Además, también podemos establecer directrices para gestionar un problema común, tratando de resolver los problemas prácticos que nos ofrece una contradicción. Pero cuando las contradicciones son más bien incoherencias, las normas urbanísticas resultan ambiguas, aumentando la confusión de lo que se puede o no se puede hacer, de las superficies que computan y las que no, etc.
Como conclusión, un pasaje esclarecedor:
Si se hiciese la fenomenología de la corrupción en materia de urbanismo daría como resultado la confirmación de que es en la vida urbana donde se materializan las máximas contradicciones del capitalismo. Perdurará la explotación del hombre por el hombre en la producción, pero se acelera la lucha en la vida cotidiana, en el consumo del espacio, en la urbe. (…) Los urbanistas son registradores de los que controlan el suelo, aunque aparentemente pueden creer que planean y proyectan.